Esta situación es extremadamente crítica porque las autoridades en la materia, que tienen la responsabilidad y la obligación de participar en la evaluación de riesgos, la están delegando totalmente en el solicitante. Esta situación convertiría a quien pretende introducir transgénicos “en juez y parte”, y se perdería totalmente la objetividad, la independencia y el rigor científico que se requiere en este tipo de evaluación. Adicionalmente, este procedimiento de evaluación y gestión del riesgo permite homologar estudios que se hayan realizado en otros países con contextos ambientales y socioeconómicos diferentes, por lo cual no pueden ser aplicables al contexto nacional. Adicionalmente las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegan a partir de estos estudios, se realizaría mediante metodologías basadas en la “equivalencia substancial”, procedimiento que ha sido fuertemente cuestionado científicamente y revaluado en muchas partes del mundo.
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